La Diputación de Gipuzkoa convoca un consejo
de caza una vez al año. El objetivo principal de esta reunión es compartir con
los diferentes agentes la Orden de Caza que debe aprobarse anualmente, aunque
en la reunión de este año ha cobrado especial importancia la gestión de los
daños que la proliferación de jabalíes ha causado en el ámbito rural.
A esta reunión los responsables de la
Diputación convocan a la Federación de Cazadores, los sindicatos agrarios, la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y Naturkon, representantes de grupos naturales y
ecologistas de Gipuzkoa. En realidad, podría pensarse que la composición es
adecuada y equilibrada de cara a la defensa de los diferentes intereses: los
cazadores que practican la explotación de la vida silvestre y su matanza, los
baserritarras que sufren los daños producidos por la vida silvestre, los
conservacionistas que tenemos por objeto la defensa de la vida silvestre, y los
investigadores y la administración, que deberían ser los ejes técnicos de esta
cuestión. Sin embargo, la cuestión es muy distinta. La caza no se gestiona en
el marco de las conclusiones extraídas de la investigación de la biodiversidad,
porque la Diputación Foral de Gipuzkoa no prioriza la conservación de la
biodiversidad, lo que desequilibra totalmente los intereses entre la
conservación de la naturaleza y la caza. El patrimonio natural, y por tanto la
biodiversidad, se nos reconoce como un derecho, pero no se regula y gestiona en
virtud de este principio. La Diputación prioriza el derecho a la caza y la
actuación de los representantes de la Diputación suele consistir en la
construcción de justificaciones para reducir al mínimo los límites que se
quieren poner a la caza, para lo cual se alinean plenamente con los cazadores
(también los técnicos).
El derecho a la caza no se pone en cuestión.
La Federación de Cazadores lo defiende como un derecho histórico y universal.
Da a su discurso la apariencia de la ciencia en nombre de investigaciones
independientes que nunca visualiza y de evidencias recibidas de aquí y de allá.
Defiende los derechos de caza como intangibles y pide reconocimiento por
considerar que su actividad es un favor a la sociedad. Olvidando los riesgos y
la falta de tranquilidad que supone que las personas armadas deambulen por el
monte.
Es muy duro vivir la embestida del responsable
de la federación de cazadores preguntando a los investigadores y
conservacionistas qué están haciendo por las especies que viven un declive,
mientras los responsables de la Diputación guardan silencio. Para los cazadores
el cuidado de la naturaleza no es tarea de la administración, sino de la
conservación natural. Tienen contacto directo con los representantes de la
Diputación para gestionar su "negocio", el resto de los que nos reunimos
ahí somos enemigos u obstáculo.
En la reunión de este año, hemos sido testigos
de la indignación provocada en los baserritarras por los cazadores para
gestionar los daños causados por los jabalíes y por el sistema acordado por la
Diputación. Esta cuestión demuestra la vulnerabilidad de una gestión
originalmente incierta y con dudosas bases científicas ante cualquier
acontecimiento imprevisto significativo. Los daños causados en la población de
jabalí no son asumidos por nadie, la administración tampoco, ya que los daños
son únicamente a los baserritarras (y tampoco se nos muestra el importe de los
mismos). El jabalí y el corzo se pueden cazar durante 8 meses al año y cuatro
días a la semana: casi 130 días al año. Esto ejerce una enorme presión sobre muchos
animales salvajes: los perros levantan las aves, interrumpen la reproducción de
mamíferos, aves, ni siquiera se contabilizan estos daños.
Si no cambiamos estas formas de hacer y de
pensar andamos en vano, la pérdida de la biodiversidad será inevitable. El
pensamiento contemporáneo no reconoce la caza como un derecho, se trata de una
actividad anacrónica, por lo que la forma de gestionar la caza debe cambiar
radicalmente. En base a estudios científicos y en zonas donde se garantice la
seguridad, la caza debería autorizarse únicamente para las especies que no
resulten afectadas por la caza o que deban ser controladas mediante la caza. La
administración debe cambiar la gestión de la caza: leyes, normativa y modelo de
gestión.
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