Slackline: ¿carta blanca para interferir en la conservación?

La asociación de grupos naturalistas y ecologistas de Gipuzkoa, Naturkon, ha denunciado en numerosas ocasiones el abusivo uso público que se está haciendo de las zonas protegidas. Están llevando hasta el extremo la presión sobre estas zonas en detrimento de su vida salvaje.

Ejemplo de ello es la actividad slackline que hemos visto recientemente en el publirreportaje realizado por uno de los principales medios de este país. Nos alegramos mucho cuando vimos en las redes sociales el mensaje de la Asociación Profesional de Guardas Forestales de Gipuzkoa advirtiendo del peligro del slackline y similares en espacios naturales protegidos, especialmente en época de cría y en zonas vulnerables. Hemos denunciado con frecuencia la pasividad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ante los efectos de este tipo de actividades, sobre todo cuando se pone en peligro la reproducción de la fauna silvestre y esta vez estábamos a punto de aplaudirla, pero nuestra alegría, tristemente, ha durado bien poco. En el publirreportaje se recoge la opinión de la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación, que cuestiona la labor de los guardas forestales y defiende la actividad denunciada.

Si es grave que el organismo responsable de la conservación de los espacios naturales protegidos y de la biodiversidad incumpla leyes y normativas en detrimento del patrimonio natural, lo es aún más que se haga público. No nos sorprende, ya que la directora Arantza Ariztimuño, en la primera reunión que mantuvo con Naturkon a comienzos de la anterior legislatura, nos dejó bien claro que ella no creía en la Red Natura 2000 y que no iba a desarrollar los planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación.

Recientemente, el 1 de abril, en una comparecencia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, expusimos la actitud de la Diputación de desatender la conservación de la naturaleza en aras de la explotación extrema del medio natural. También criticamos la escasez de guardas forestales, la falta de medios y su falta de apoyo. Una vez más se pone de manifiesto el lamentable estado en el que nos encontramos.

Si muy grave es la actitud de estos políticos, no lo es menos la de algunos técnicos de ese mismo Departamento. ¿Cómo se pueden autorizar y proteger actividades que van en contra de la conservación? Los jefes de servicio son cargos de confianza, pero no podemos entender su comportamiento, pues más allá de la política de los circunstanciales dirigentes del momento, ellos son técnicos. Desde el servicio de gestión de fauna y flora silvestre autorizaron el año pasado el slackline en Tximistarri durante la época de cría de aves protegidas, y, en esta ocasión, han defendido esta actuación en Jaizkibel ninguneando los efectos de la actividad y cuestionando la actuación de los guardas forestales de la propia Diputación.

Jaizkibel es un espacio natural protegido perteneciente a la Red Europea Natura 2000, Zona Especial de Conservación, cuyo Plan de Gestión recoge en sus determinaciones que queda prohibida cualquier actividad en las zonas de reproducción de las comunidades de aves marinas y carroñeras. La nueva Ley de Conservación de la Naturaleza de Euskadi protege escrupulosamente los nidos y la Ley de Biodiversidad del Estado lo recoge claramente. ¿Por qué no quieren cumplir la ley? Si a los guardas forestales no les permiten hacerlo, ¿quién la hará cumplir? ¿Quién cuidará de nuestra vida salvaje?

No se trata de juzgar si estas actuaciones son legítimas y si son buenas o malas. Hay formas y formas de practicarlas. En nuestros equipos hay gente que practica el slackline, la escalada, la bicicleta de montaña, etc., pero no todo vale y toda actividad debe llevarse a cabo en su sitio y, en su momento, algo que raramente sucede si no es por denuncia de los agentes sociales, no por la de quien debería intervenir motu propio, es decir, la diputación.

El objetivo principal de los Espacios Naturales Protegidos es garantizar la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, para lo que se han desarrollado diversas normas. Todos los usos diferentes de la conservación deben quedar supeditados a ese fin último. El cumplimiento y ejecución de las normas de protección corresponde legalmente a la Diputación, institución que, no contenta con incumplir su cometido, desautoriza públicamente al colectivo que pelea en primera línea contra la ilegalidad: los guardas forestales. Ya es hora de acabar con esta dejadez.