La gestión de la caza en Gipuzkoa

La Diputación de Gipuzkoa convoca un consejo de caza una vez al año. El objetivo principal de esta reunión es compartir con los diferentes agentes la Orden de Caza que debe aprobarse anualmente, aunque en la reunión de este año ha cobrado especial importancia la gestión de los daños que la proliferación de jabalíes ha causado en el ámbito rural.

A esta reunión los responsables de la Diputación convocan a la Federación de Cazadores, los sindicatos agrarios, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Naturkon, representantes de grupos naturales y ecologistas de Gipuzkoa. En realidad, podría pensarse que la composición es adecuada y equilibrada de cara a la defensa de los diferentes intereses: los cazadores que practican la explotación de la vida silvestre y su matanza, los baserritarras que sufren los daños producidos por la vida silvestre, los conservacionistas que tenemos por objeto la defensa de la vida silvestre, y los investigadores y la administración, que deberían ser los ejes técnicos de esta cuestión. Sin embargo, la cuestión es muy distinta. La caza no se gestiona en el marco de las conclusiones extraídas de la investigación de la biodiversidad, porque la Diputación Foral de Gipuzkoa no prioriza la conservación de la biodiversidad, lo que desequilibra totalmente los intereses entre la conservación de la naturaleza y la caza. El patrimonio natural, y por tanto la biodiversidad, se nos reconoce como un derecho, pero no se regula y gestiona en virtud de este principio. La Diputación prioriza el derecho a la caza y la actuación de los representantes de la Diputación suele consistir en la construcción de justificaciones para reducir al mínimo los límites que se quieren poner a la caza, para lo cual se alinean plenamente con los cazadores (también los técnicos).

El derecho a la caza no se pone en cuestión. La Federación de Cazadores lo defiende como un derecho histórico y universal. Da a su discurso la apariencia de la ciencia en nombre de investigaciones independientes que nunca visualiza y de evidencias recibidas de aquí y de allá. Defiende los derechos de caza como intangibles y pide reconocimiento por considerar que su actividad es un favor a la sociedad. Olvidando los riesgos y la falta de tranquilidad que supone que las personas armadas deambulen por el monte.

Es muy duro vivir la embestida del responsable de la federación de cazadores preguntando a los investigadores y conservacionistas qué están haciendo por las especies que viven un declive, mientras los responsables de la Diputación guardan silencio. Para los cazadores el cuidado de la naturaleza no es tarea de la administración, sino de la conservación natural. Tienen contacto directo con los representantes de la Diputación para gestionar su "negocio", el resto de los que nos reunimos ahí somos enemigos u obstáculo.

En la reunión de este año, hemos sido testigos de la indignación provocada en los baserritarras por los cazadores para gestionar los daños causados por los jabalíes y por el sistema acordado por la Diputación. Esta cuestión demuestra la vulnerabilidad de una gestión originalmente incierta y con dudosas bases científicas ante cualquier acontecimiento imprevisto significativo. Los daños causados en la población de jabalí no son asumidos por nadie, la administración tampoco, ya que los daños son únicamente a los baserritarras (y tampoco se nos muestra el importe de los mismos). El jabalí y el corzo se pueden cazar durante 8 meses al año y cuatro días a la semana: casi 130 días al año. Esto ejerce una enorme presión sobre muchos animales salvajes: los perros levantan las aves, interrumpen la reproducción de mamíferos, aves, ni siquiera se contabilizan estos daños.

Si no cambiamos estas formas de hacer y de pensar andamos en vano, la pérdida de la biodiversidad será inevitable. El pensamiento contemporáneo no reconoce la caza como un derecho, se trata de una actividad anacrónica, por lo que la forma de gestionar la caza debe cambiar radicalmente. En base a estudios científicos y en zonas donde se garantice la seguridad, la caza debería autorizarse únicamente para las especies que no resulten afectadas por la caza o que deban ser controladas mediante la caza. La administración debe cambiar la gestión de la caza: leyes, normativa y modelo de gestión.